Reclasificación de la coca: armonizar la política mundial sobre drogas con la ciencia, la tradición y los derechos indígenas

En un foro sobre políticas, Dawson White y sus colegas sostienen que la política internacional sobre drogas debe distinguir entre la hoja de coca —una planta sagrada que se cultiva desde hace mucho tiempo en América del Sur— y su derivado químico purificado, la cocaína. El Comité de Expertos en Drogodependencias (ECDD) de la Organización Mundial de la Salud está reevaluando actualmente la clasificación de la planta, lo que, según los autores, supone una oportunidad única para armonizar la política mundial sobre drogas con la evidencia científica y los derechos indígenas. Actualmente, el arbusto de coca está clasificado por el derecho internacional como una droga de la Lista I, un grupo que también incluye la cocaína y la heroína. Si bien estas drogas tienen una historia bien documentada de adicción y daños, la hoja de coca ha servido durante milenios como un estimulante suave y no adictivo, y como un elemento importante de la vida cultural andina y amazónica. Además, las investigaciones en ciencias biológicas y sociales confirman la seguridad y la importancia cultural de la hoja de coca, lo que subraya su profunda diferencia con la cocaína. En virtud de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, se prohibieron indiscriminadamente todas las especies del género coca, lo que supuso la criminalización efectiva de las tradiciones y los medios de vida de más de 11 millones de indígenas y mestizos. Este marco jurídico no solo estigmatizó las prácticas culturales, sino que también frenó el estudio científico de la planta de coca. Ante la próxima recomendación del ECDD, White y sus colegas piden una reevaluación de la planta que reconozca su uso tradicional, junto con pruebas científicas, lo que podría dar lugar a políticas más justas y sólidas que respeten tanto el patrimonio cultural como los conocimientos científicos. «La desclasificación de la coca corregiría una clasificación científica y jurídica errónea que se prolonga desde hace mucho tiempo, defendería los derechos de las comunidades indígenas y otras comunidades productoras de coca y permitiría una regulación basada en pruebas y en los conocimientos tradicionales», escriben los autores.