La UJI contribuye a la mejora de las administraciones públicas en servicios como acceso a la información, protección de datos personales o lucha contra la corrupción
Un equipo de trece especialistas en derechos fundamentales ha trabajado durante tres años en el análisis y comparación de normativas estatales y autonómicas para proponer mejoras reguladoras
image: Photo: Jaime Clemente, Beatriz Tomás, Cristina Pauner and Jorge A. Viguri. Teaching staff from eight Spanish universities, coordinated by the Universitat Jaume I in Castelló, have contributed to improving legal certainty in the management of information by public administrations and to reconciling the right to data protection with the duty of transparency and the fight against corruption. They have done so by proposing regulatory improvements after analysing, comparing and identifying legal gaps in the various national and regional regulations governing these matters. The study of the application of the General Data Protection Regulation (GDPR) in the public sphere has made it possible to identify the challenges faced by administrations in implementing these fundamental rights, to design training initiatives to convey this knowledge to those working within them, and to improve the public service they provide to citizens. In addition, the team has provided regulatory tools to ensure compatibility between guaranteeing access to public information and protecting personal data. In the opinion of the research team, “by ensuring that data protection is not used as a pretext to restrict transparency, access to information of general interest has been strengthened, enabling society to participate more actively in public affairs”. They also highlight as one of the most significant contributions in the field of data protection “the identification of mechanisms to strengthen the protection of individuals who report corruption”. The impact of the project “Reconciling the right to data protection with compliance by public authorities with the duty of transparency and the fight against corruption (DATATRANSCO)”, funded by the Ministry of Science, Innovation and Universities, has extended beyond the public administration and legal sectors to others such as technology and artificial intelligence. The research team has incorporated into its analysis and comparison the European Artificial Intelligence Regulation (AI Act), adopted in 2024, which includes requirements regarding transparency and explainability (understanding how an algorithm works). “The strengthening of legal certainty in the management of personal data in the public sphere has enhanced administrative efficiency and reduced legal risks for administrations, while at the same time improving access to public information and data protection”, the research team explains. They also state that “in the field of artificial intelligence, the analysis of the new European regulation has made it possible to formulate recommendations to ensure the ethical and responsible use of these technologies and to prevent them from generating inequalities or discrimination”. Throughout the project, the teaching and research staff have carried out knowledge transfer activities aimed at public bodies, such as local councils and international companies associated with the European Commission, which has relied on the team’s support in drafting regulations and strategies on data protection, transparency, corruption prevention and the fight against fraud. The team has also fostered debate on these issues at national and international conferences in which they have participated, and has addressed more specific topics such as proactive disclosure during elections, transparency in public and private universities, and the potential discriminatory effects of algorithms.
Credit: Universitat Jaume I of Castellón
Profesorado de ocho universidades españolas, coordinado por la Universitat Jaume I de Castelló, ha contribuido a la mejora de la seguridad jurídica en la gestión de la información por parte de las Administraciones Públicas y a la conciliación del derecho a la protección de datos con el deber de transparencia y la lucha contra la corrupción, al proponer mejoras reguladoras después de analizar, comparar y detectar vacíos legales entre las diferentes normativas estatales y autonómicas de estas temáticas.
El estudio de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el ámbito público ha permitido identificar los retos a los que se enfrentan las administraciones en la implementación de estos derechos fundamentales, diseñar acciones formativas para transmitir este conocimiento a las personas que trabajan en ellas y mejorar el servicio público que ofrecen a la ciudadanía. Además, han proporcionado herramientas normativas para hacer compatibles la garantía de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales.
En opinión del equipo investigador, «al garantizar que la protección de datos no sea utilizada como un pretexto para restringir la transparencia, se ha reforzado el acceso a la información de interés general, lo que permite a la sociedad participar de manera más activa en los asuntos públicos». Además, destacan como una de las aportaciones más relevantes en el ámbito de la protección de datos el hecho que supone «la identificación de mecanismos para fortalecer la protección de las personas que denuncian en los casos de corrupción».
La incidencia de los resultados del proyecto «La conciliación del derecho a la protección de datos con el cumplimiento por los poderes públicos del deber de transparencia y de lucha contra la corrupción (DATATRANSCO)», subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se ha extendido, además de los sectores de la administración pública y el jurídico, a otros como el de tecnología e inteligencia artificial, puesto que el equipo investigador ha incorporado al análisis y comparación el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) aprobado en 2024 que incluye exigencias respecto de la transparencia y la explicabilidad (entender cómo funciona el algoritmo).
«El fortalecimiento de la seguridad jurídica en la gestión de datos personales en el ámbito público ha favorecido la eficiencia administrativa y la reducción de riesgos laborales para las administraciones y, a la vez, ha beneficiado la accesibilidad a la información pública y la protección de datos», comenta el equipo de investigación, quien también asegura que «en el campo de la inteligencia artificial, el análisis de la nueva regulación europea ha permitido describir unas recomendaciones para garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías y que no generen desigualdades ni discriminación».
Durante el proyecto, el personal docente e investigador ha realizado acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a entidades públicas, como ayuntamientos y empresas internacionales asociadas a la Comisión Europea que ha contado con el apoyo del equipo para redactar normativas y estrategias en materia de protección de datos, transparencia, prevención de la corrupción y lucha contra el fraude. También ha propiciado el debate sobre estas cuestiones en los congresos nacionales e internacionales que han participado y ha abordado el estudio de temáticas más específicas, como la publicidad activa durante las elecciones, la transparencia en las universidades públicas o privadas o el posible efecto discriminador en los algoritmos.
Además, ha abierto colaboraciones con grupos de investigación de otras universidades como la de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo o Carlos III de Madrid; el proyecto europeo RightsEU, que estudia los derechos sociales en el empleo del siglo XXI; el proyecto TRUST liderado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba o las cátedras Identidad y Derechos Digitales de la Fundación Integra y la Universidad de Murcia y la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft y la Universitat de València.
Al ámbito institucional nacional y europeo también se ha contado con la participación de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno o la Comisión LIBE del Parlamento Europeo o las universidades Studi Roma Tre o Vrije en Bruselas.
La investigación, coordinada en un primer periodo por las catedráticas Rosario García Mahamut y Beatriz Tomás Mallén, las dos del grupo Protección de Datos y Derechos Fundamentales (PRODADEF) de la UJI, y en un segundo periodo por Beatriz Tomás Mallén y Mónica Arenas Ramiro, de la Universidad de Alcalá, después del nombramiento de la profesora García Mahamut como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha contado con otros miembros del grupo PRODADEF, como Cristina Pauner Chulvi, Jorge Viguri Cordero y Jaime Clemente Martínez, así como con personal de las universidades de Alcalá de Henares, València, Elche, Vigo, UNED, Pablo de Olavide de Sevilla y la Oberta de Catalunya.
El proyecto PID2021-128309NB-I00 ha sido financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER/UE, dentro del Pla Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, orientado a impulsar sectores estratégicos para la recuperación como son la salud, la transición ecológica y la digitalización.
Artículos y libros publicados del proyecto: https://repositori.uji.es/search?query=PID2021-128309NB-I00&spc.page=1&spc.rpp=20. Además, está muy próxima la publicación en acceso abierto del libro colectivo titulado Transparencia y lucha contra la corrupción en la era algorítmica, Rosario García Mahamut, Beatriz Tomás Mallén, Mónica Arenas Ramiro (eds.), Jorge Viguri Cordero (coord.), Tirant lo Blanch, 2025.