En un foro sobre políticas, Nizan Packin y Sharon Rabinovitz destacan los riesgos sociales, políticos y económicos que entrañan las plataformas de mercados de predicción (PM) de rápido crecimiento, como Polymarket y Kalshi, y reclaman una regulación bien fundamentada. «El margen para tomar medidas preventivas se está agotando: Cada semana de actividad de los mercados de predicción (PM) por valor de miles de millones de dólares, integrada en la infraestructura de información básica sin una supervisión comparable a la de los juegos de azar regulados, prolonga un gran experimento sin control sobre los usuarios», escriben los autores. Durante muchos años, economistas e informáticos elogiaron los PM como herramientas sofisticadas de inteligencia colectiva, especialmente en entornos académicos e institucionales, donde se utilizaban para generar previsiones precisas. Sin embargo, una sentencia judicial estadounidense de 2024 que permitía los contratos políticos basados en eventos en plataformas comerciales marcó un punto de inflexión, acelerando el auge de mercados gamificados a gran escala diseñados para la participación masiva. A diferencia de sus predecesoras, centradas en la investigación, estas plataformas modernas suelen dar prioridad a la participación de los usuarios y a los beneficios, y a finales de 2025, los PM gestionaban más de 2000 millones de dólares en transacciones cada semana y los eventos importantes atraían apuestas por valores totales de cientos de millones. Según los autores, estas plataformas en rápido crecimiento suscitan preocupaciones cada vez mayores, entre las que se incluyen la posibilidad de manipulación democrática, la incorporación de mecánicas similares a las de los juegos de azar y los riesgos para la salud pública derivados de características de diseño adictivas.
En este artículo, Packin y Rabinovitz analizan estas preocupaciones en detalle y destacan la necesidad de una regulación basada en datos empíricos. «Este riesgo para la salud pública se ve favorecido por un fracaso sistemático de la regulación», escriben los autores. «Las plataformas de mercados de predicción actúan como “emprendedores normativos”, diseñando productos que aprovechan las ambigüedades legales entre la legislación sobre juegos de azar y la financiera». Los autores señalan que los mercados de predicción comerciales pueden socavar la integridad democrática al facilitar la manipulación, la participación desigual y la distorsión de las señales políticas. Los actores extranjeros pueden especular legalmente con los resultados electorales, mientras que mercados con escaso volumen de negociación permiten que apuestas relativamente pequeñas alteren las probabilidades y creen una impresión engañosa de consenso, influyendo así en los votantes, en la narrativa de los medios de comunicación y en la dinámica de las campañas. Una supervisión deficiente también favorece los riesgos de uso de información privilegiada relacionados con datos gubernamentales sensibles, lo que permite sacar provecho de acontecimientos del mundo real e incluso puede generar incentivos para influir en los propios resultados. Además, estas plataformas se asemejan cada vez más a sistemas de juego, a pesar de presentarse como herramientas de predicción, lo que puede acarrear riesgos sociales y económicos más amplios para quienes las utilizan, especialmente para las personas con tendencias adictivas. Según Packin y Rabinovitz, los modelos de predicción se encuentran actualmente en una encrucijada crucial; podrían seguir siendo herramientas valiosas para la toma de decisiones informadas si se gestionan de forma responsable o, si no se controlan, podrían convertirse en fuentes de perjuicio para el comportamiento y la democracia. La comunidad científica, que ha contribuido a su desarrollo, tiene la responsabilidad de marcar sus límites éticos, abogar por una regulación basada en la evidencia y garantizar que la innovación no supere a la rendición de cuentas.
Para los periodistas interesados en temas de integridad en la investigación, la autora Sharon Rabinovitz señala: «Una de las cuestiones de integridad más ignoradas en la ciencia de las adicciones es de carácter estructural: el estigma y el juicio moral implícito limitan la financiación de la investigación necesaria para fundamentar las políticas y la regulación en la evidencia». Esto es especialmente grave en el caso de las adicciones conductuales, donde poderosos intereses económicos superan constantemente a la ciencia y moldean activamente el panorama normativo. El juego, a pesar de su bien documentado impacto en la salud pública, sigue estando crónicamente infravalorado en cuanto a investigación, en comparación con la urgencia de su regulación; las plataformas de negociación y los mercados de predicción presentan una laguna aún más acuciante, ya que se han normalizado de forma agresiva pero casi no se ha examinado en absoluto su potencial adictivo. Sin una mayor inversión pública en investigación independiente, la regulación seguirá yendo a la zaga de la industria, repitiendo los errores de sectores que moldearon la base empírica a su favor antes de que la supervisión pudiera ponerse al día.
